Contexto histórico

Bicentenario del Poder Judicial (1821-2021)

En el Río de la Plata, a partir de la Revolución el pueblo asumió la soberanía del rey a través de sus representantes. La ley fue adquiriendo un nuevo significado, basado en el racionalismo jurídico y el absolutismo político que le otorgaron un papel preponderante. Surgía de la voluntad del legislador y el juez debía aplicarla dejando de lado la tarea interpretativa de los antiguos magistrados. Era entonces fundamental separar las funciones judiciales de las de gobierno y el Reglamento de Institución y Administración de Justicia del Gobierno Superior Provisional de las provincias del Río de la Plata, firmado el 23 de enero de 1812, suprimió la Real Audiencia y creó la Cámara de Apelaciones.

Después de la Declaración de la Independencia, el fracaso por establecer un poder central generó en 1820 el esfuerzo de las provincias por afirmarse como Estados autónomos. La autonomía de hecho se tradujo en autonomía de derecho, de provincias que ya no se correspondían con las amplias jurisdicciones determinadas por la Ordenanza de Intendentes de la administración borbónica, y emergían como sujetos políticos con epicentro en sus cabildos cabecera. En la provincia de Buenos Aires, el 16 de febrero de 1820 se formó la Honorable Junta de Representantes, que al día siguiente designó gobernador a Manuel de Sarratea. La ley promulgada el 24 de diciembre de 1821, eliminó los cabildos y fue el fundamento institucional del primer ensayo de organización judicial con jueces legos y letrados. A pesar de un primer fracaso, el intento descentralizador de la administración de justicia quedó latente y se concretó en 1853. A partir de allí la preocupación sobre la administración de justicia giró en torno a la organización y atribuciones jurisdiccionales y de gobierno del más alto tribunal, la descentralización judicial, la formación técnica de los magistrados, la fundamentación legal de las sentencias y la codificación.

Después de treinta años de luchas y desencuentros, las provincias se unieron prontamente en una organización política federal y representativa, definida en 1853 por la Constitución de la República Argentina, con la ciudad de Paraná como capital. Los intentos frustrados de lograr un acuerdo terminaron con la secesión de Buenos Aires y su ruptura con la Confederación. La provincia sancionó su propia Constitución en 1854, por la que ejercía el pleno derecho soberano en política interior y exterior. El texto constitucional declaraba que el Poder Judicial, encabezado por el Superior Tribunal de Justicia, sería independiente de todo otro en el ejercicio de sus funciones.

Ambos Estados lucharon durante una década por construir y fortalecer sus estructuras político-institucionales y alcanzar la unidad y supremacía nacional, hasta que la unificación concretada en 1862, dio inicio a una nueva etapa de conformación estatal nacional bajo la hegemonía de Buenos Aires. En el ámbito provincial, la Convención Constituyente promulgó en 1873 el texto constitucional que introdujo importantes reformas institucionales, como la elección del ejecutivo provincial por electores, la creación del cargo de vicegobernador y la representación de las minorías en base al criterio de proporcionalidad.

La Constitución de 1873 le otorgó al Poder Judicial una nueva organización que hundía sus raíces en el pasado institucional a la vez que creaba la Suprema Corte de Justicia, instalada el 23 de enero de 1875. Comenzaba una nueva etapa de organización y reglamentación de las instituciones judiciales. La organización de la Corte, las Cámaras de Apelación, los tribunales letrados, la justicia de paz, el enjuiciamiento de magistrados, la policía y las cárceles, necesitaban legislarse y ponerse en marcha, junto con la codificación de fondo y de procedimiento, en una provincia que luchaba por no perder su capital y con ésta su supremacía política. Algunas de estas medidas se concretaron y otras quedaron en el camino -como las leyes de municipalidades y de justicia de paz- o se dejaron por aplicar –como el juicio por jurado.

La federalización de la ciudad de Buenos Aires, capital de la provincia, significó un fuerte desmembramiento que inició un largo proceso de reorganización de las instituciones estatales y la fundación de una nueva capital. El 15 de abril de 1884 los Ministros reunidos en la ciudad de La Plata, declararon instalados los Tribunales del Departamento Capital y en 1886 la Suprema Corte se instaló definitivamente en la Casa de Justicia.